El anterior Consejo, cuya mayoría fue nombrada
por el Partido Popular, antes de cesar resolvió varios asuntos
disciplinarios. En primer lugar, la Comisión Disciplinaria acordó
sancionar con una "falta grave" y multa de 1.500 euros al juez de
Sevilla Rafael Tirado, al no ejecutar una sentencia pendiente por
abusos a una menor contra Santiago del Valle, presunto asesino de la
niña Mari Luz Cortés. Sin embargo, ese mismo día sancionó a otro juez
con 7.500 euros por “tener una higiene descuidada” y tratar con abuso
de autoridad a sus funcionarios y al secretario judicial. Por último, a
la Juez de Denia (Valencia) que se negó a casar a homosexuales y
seguidamente atacó a un Fiscal y al Gobierno utilizando medios públicos
le retiró la multa impuesta previamente por la Comisión Disciplinaria.
Una
de las funciones más importante del CGPJ es la disciplinaria, no puede
implicarse en la interpretación de las leyes que hacen los jueces,
función en la que los jueces son independientes y sólo se pueden
revisar mediante los recursos previstos legalmente. Pero cuando un juez
incumple sus deberes como funcionario, el CGPJ es el el órgano
encargado de perseguir y sancionar estas conductas.
El diario “Público” el pasado día 14 de septiembre informaba que “de
las más de mil denuncias contra jueces y magistrados que llegan por
término medio cada año al CGPJ, finalmente sólo acaban en sanción una
veintena de ellas, algunos de ellas con simples advertencias o con
multas de unos pocos centenares de euros. Basta echar un vistazo a los
datos de cualquier de los años para constatar esta abismal diferencias
entre denuncias y sanciones, entre los errores y sus castigos. Año
2005. 1.317 informaciones previas tramitadas. De ellas, salieron 189
diligencias informativas, que se redujeron a 45 expedientes incoados.
Finalmente, sólo 16 de ellos acabaron en sanción... ¿Separados de la
carrera judicial? Ninguno”.
La escasas sanciones se
explican por el corporativismo, pero el diferente trato entre el
descuidado juez de Talavera y la juez de Denia y el juez del caso “Mari
Luz” no se entiende sino es porque estos dos últimos magistrados son
miembros de la conservadora y mayoritaria “Asociación Profesional de la
Magistratura”. Así lo ha declarado Alfons López Tena, miembro del
saliente CGPJ el que ha manifestado que al juez Tirado le ha salvado “su pertenencia a una de las asociaciones de magistrados mayoritarias y el corporativismo que existe entre nosotros”.
Parece
lógico pensar que no se puede acabar con el corporativismo mientras los
jueces sigan eligiendo quienes deben ser los miembros del CGPJ. Además
y a diferencia de los otros dos poderes del estado, los jueces no
tienen ninguna legitimidad democrática al no estar refrendado su
nombramiento por los ciudadanos. Los jueces y magistrados deben ser
independientes e imparciales en el ejercicio de juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado pero no pueden arrogarse un papel preponderante en el
gobierno de la administración de justicia que debe encargarse a los
gestores que los ciudadanos han elegido democráticamente. Es de sentido
común que si el CGPJ estuviera formado por cargos de elección popular
se aplicarían con más rigor las sanciones a aquellos jueces y
magistrados que descuidan sus deberes.
Desde los medios de
comunicación se intenta continuamente desacreditar a la “política” con
el fin de que los ciudadanos pierdan interés en ella y que al final
deleguemos en otros su ejercicio. El problema del CGPJ y del Tribunal
Constitucional no es su politización sino que, como en otros casos, la
democracia se ha degradado al estar mediatizada la participación de los
ciudadanos por los partidos políticos. El problema no es que se nombren
consejeros o jueces de izquierda o derecha (todas las personas tienen
sus opiniones políticas) sino el bochornoso espectáculo que llevan
protagonizado el PP y el PSOE. El primero lleva chantajeando al segundo
durante cuatro años y el segundo plegándose de forma descarada a los
conservadores. Que el PP vete como presidente del Tribunal Supremo y
del CGPJ al actual Fiscal General Conde Pumpido y que al final el PSOE
se someta y designe a un Juez ultra-católico y conservador
como Carlos Dívar, mientras que el PP nombre como vicepresidente a un
alto cargo del PP, índica el complejo y la debilidad de este gobierno.
----------------
marcarlosARROBAgmail.com
http://www.carlosmartinez.info
Carlos Martínez 
