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O la cuadratura del círculo. La  cumbre europea de Lisboa ha lanzado a los cuatro vientos una palabra que, a no mucho tardar, nos ha de dar más un disgusto. El engendro no es otro que la creación del oxímoron flexiseguridad (ni el tolerante corrector del ordenador admite tamaña incongruencia) para definir el nuevo mercado de trabajo continental al que estamos abocados. Juntar en una misma definición conceptos tan opuestos como flexibilidad y seguridad es algo que sólo se les puede ocurrir a los políticos, a los empresarios y a sus muy dóciles sindicatos europeos (léase CES, de la que son miembros UGT, CC.OO. y ELA).
Precisamente en España es donde más experiencias tenemos sobre la inseguridad y la precariedad que generan cada una de las medidas aplicadas para flexibilizar las condiciones de trabajo. Condiciones que en nuestro país se han venido recortando desde comienzos de la Transición; desde los Pactos de la Moncloa a los últimos acuerdos sobre negociación colectiva, pasando por toda la larga serie de reformas laborales.
Ampliar el abanico de contratos temporales y abaratar el despido tiene como consecuencia lógica una mayor inseguridad en el empleo y peores condiciones de vida para la población asalariada. Eso es tan evidente que no necesita más razonamiento; la mejor argumentación la ofrece la cruda realidad que podemos observar a nuestro alrededor. De hecho, y a pesar de haberse recortado la indemnización por despido de 45 a 33 días por año trabajado, el número de parados no suele bajar de los dos millones y la eventualidad afecta ya más de un tercio de la población (el 91% de los nuevos contratos son temporales).
Tampoco las cuantiosas subvenciones que se pactaron para incentivar la contratación indefinida han supuesto una mejora considerable, puesto que una vez cobradas las ayudas por los empresarios y cumplidos el plazo de obligada permanencia en la empresa, el 82% de estos trabajadores han sido despedidos y puestos otra vez en el mercado de la precariedad. Nuestros avispados patronos patrios hicieron números y vieron que con las subvenciones y las desgravaciones, unido al abaratamiento del despido, podían hacer fijos a sus eventuales y al final de la corrida incluso hacer negocio con esa reforma.
Por otro lado, los recortes a derechos sociales como pensiones, seguridad social, seguro de paro, etc. han colocado a la mayoría de familias españolas en una difícil situación económica, en la que los ingresos son cada día más modestos, mientras la cesta de la compra y la hipoteca del piso no paran de subir. Según los bancos (que de eso saben un rato) los españoles debemos el 80% de los bienes que “disfrutamos”: coches, viviendas, segundas residencias y cosas tan prescindibles como el último viaje o el penúltimo arreglo del cirujano plástico.
Que en este contexto se quiera dar otra vuelta de tuerca a nuestros derechos como trabajadores no deja de ser una de las peores noticias del año que termina. De poco consuelo puede servir que la segunda palabra del invento lisboeta sea “seguridad”, porque de cómo saben hacer nuestros derechos más flexibles tenemos pruebas sobradas, pero de que vayan a garantizarnos unas condiciones laborales y una protección social más seguras –cuando lo que recomiendan todos los gurús de la economía globalizada es recortar el gasto social- nos quedan bastantes dudas… y son dudas justificadas porque estamos viendo cómo esta gente se está cargando el “Estado del bienestar”.
Los objetivos que la UE se ha marcado en Lisboa no son otros que hacer más competitiva su economía, liberalizando el mercado de trabajo y apostando por el repliegue de lo público frente al sector privado. Para ello se quiere impulsar la flexibilidad en el empleo (contratación temporal) y en los despidos (casi libre y muy barato) y el alargamiento de la vida laboral, retrasando la edad de jubilación (primero de forma "voluntaria") como acabamos de ver en nuestro país.
Junto a estas medidas claramente regresivas nos ofrecen, como contrapartida, un sistema de subsidios para proteger a los expulsados del trabajo hasta que encuentren uno nuevo y unas políticas de inserción profesional. La idea no sería mala si fuera posible, pero si el objetivo es reducir los gastos de la seguridad social no parece fácil que se pueda dar un subsidio digno a todos los parados (salvo que se subieran fuertemente los impuestos, algo impopular y negativo de cara a las elecciones) ni tampoco creemos que los programas de formación para desempleados contribuyan a que esos millones de personas desocupadas, principalmente mujeres, jóvenes, inmigrantes y mayores de 45 años, encuentren un empleo estable y dignamente remunerado.
Nos encontraríamos, por tanto, ante una fase mucho más avanzada del capitalismo globalizado, en la que las condiciones de trabajo, la estabilidad en el empleo, los derechos sociales y la calidad de vida de los ciudadanos europeos se verán seriamente amenazados. Conociendo como conocemos a nuestros "agentes sociales" casi podríamos afirmar que la primera parte del binomio -la flexibilidad- la van a imponer plenamente en nuestras vidas, pero que con la segunda –la seguridad- harán como hasta ahora: aceptar los recortes y lanzar encendidos discursos asegurando que vamos hacia un futuro mejor, cuando la realidad es que la sanidad, la enseñanza, las pensiones y demás derechos sociales no dejan de deteriorarse.
Queda el consuelo de que los trabajadores terminen de desengañarse de las posturas sumisas y claudicantes que mantienen sus dirigentes sindicales frente a estados y patronales y se echen a la calle, en defensa de sus derechos amenazados, como ya empieza a ser habitual en Francia, Italia, Alemania y otros países de la vieja Europa.
Antonio Pérez Collado |
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