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Como a todas las grandes ciudades europeas, a Valencia han llegado trabajadores desde África. Arriesgando su vida realizan una travesía de miles de kilómetros en precarios kayukos para desembarcar en las Islas Canarias. Desde allí, el Gobierno español traslada aquellos que no pueden ser repatriados a diferentes ciudades de la península. Las Comunidades Autónomas, que tienen atribuida constitucionalmente la competencia de asistencia social, se encargan de darles un mínimo sustento. La administración central transfiere una buena suma de dinero para la financiación de estos servicios. Casi todas las Comunidades Autónomas tienen sus centros y planes de acogida para estas personas desvalidas. Sin “papeles” no hay derechos y quien carece de derechos es objeto de todo tipo de abusos. > CONTINUA
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