Con todos sus problemas, la interceptación en España de las telecomunicaciones exigía una autorización judicial.
El pasado jueves un exultante y festivo Parlamento Europeo, secundado por numerosas asociaciones y grupos aparentemente defensores de nuestras libertades, celebraban el éxito del final de algunas de nuestras garantías judiciales fundamentales.
El pretexto era que para interrumpir –definitivamente- el acceso a internet iba a ser necesaria una decisión judicial. A cambio de esto, que es menos de lo que ya teníamos (¡), quedaba a salvo el propósito último de los Gobiernos y de toda su utópica sociedad del control que consiste en que ellos, o incluso terceros delegados por ellos (como sucede en Francia) inspeccionen la información privada que transita por la red sin control judicial previo. En la era de la información y la comunicación esto es obtener el acceso al poder con mayúsculas para los Gobiernos europeos y sus aliados corporativos.